Chantal Peyer

En diciembre de 2003 se celebró en Ginebra una primera sesión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información «World Sum-mit on the Information Society» (WSIS). En noviembre de 2005 tuvo lugar la segunda sesión de esta cumbre, en Tunes, que comprendió tres días de intensos debates. Mucho se informó sobre la huelga de hambre de los participantes tunesinos, quienes de esta manera intentaron llamar la atención mundial sobre la precaria situación de los derechos humanos en su país. A su vez, numerosos periodistas del exterior fueron acosados y vivieron en carne propia lo que significa falta de libertad de expresión. Pero ¿cuál es el resultado de las negociaciones entre los 176 estados miembros de las Naciones Unidas que participaron en dicha cumbre? ¿Se prestó realmente oído a las voces de las organizaciones no gubernamentales? Y las resoluciones ¿se verán traducidas en acciones? ¿Se logró reducirla brecha digital entre las naciones industrializadas y aquellas en vías de desarrollo? (Véanse las declaraciones de Kofi Annan de 2003 en Ginebra). El siguiente balance proviene de la pluma de Chantal Peyer. Chantal Peyer es Coordinadora de Políticas de Desarrollo de la organización suiza Pan para Todos (Pain pour le Prochain). El texto es una reproducción de Zeitschrift Entwicklungspolitik 2112005 November (nuevo nombre: eins Entwicklungspolitik)

La lucha contra la brecha digital

Un balance de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2005: La falta de compromiso

En el distrito indio de Godavari (Estado de Andra Pradesh), en el espacio de pocos años se han conectado todas las aldeas al Internet y se han establecido 47 centros de servicios gracias a una iniciativa común de los gobiernos locales y del gobierno central. El costo por punto de conexión ha sido de US$ 2,30 mensuales por conexión, de acuerdo con un precio fijado por el gobierno después de una convocatoria a los oferentes. En estos centros, llamados en indio «e-Seva» [cf. para más información Gurumurthy et al. 2005], se les ofrece a las ciudadanas y ciudadanos una amplia gama de servicios, desde consultar el registro catastral o informarse sobre las obras públicas en marcha, hasta solicitar certificados de nacimiento o presentar quejas sobre la administración pública, entre otros muchos. De esta manera, además de ahorrar las horas que normalmente había que gastar en largas colas de espera delante de ventanillas oficiales, esta iniciativa contribuye también a la democratización de la vida pública y a la lucha contra la corrupción.

Este ejemplo tomado de la India muestra dos realidades que son importantes en la discusión sobre la brecha digital. En primer lugar el proyecto nació de la convicción de que la información y la comunicación son imprescindibles para la transparencia y la democracia; son ellas las que hacen posible que la población determine sus propias condiciones de vida y luche contra la pobreza. En segundo lugar, para su puesta en práctica se necesita financiación pública. Se deben tener en mente estos dos elementos cuando se evalúan las negociaciones sostenidas en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS) para la superación de la brecha digital.

Poner la información y la comunicación al servicio de los sectores más pobres y reducir la brecha digital que separa a los «info-pobres» de los «info-ricos» fueron las metas inicialmente más importantes que proclamó la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, fueron incluso la razón de su convocatoria:

«Esta reunión global es una oportunidad única para que todos los actores involucrados desarrollen una visión conjunta acerca de las vías para la superación de la brecha digital»,

anunció el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ya el año 2002 [cf. Folleto informativo de la WSIS, 2002].

Sin embargo tres años más tarde, a la luz de los documentos adoptados y los compromisos asumidos por los jefes de estado en Ginebra y Túnez, se impone la pregunta de si este proceso realmente ha generado un programa y un paradigma de desarrollo. Para responder a esa pregunta se deben distinguir dos planos: el de los paradigmas y el de las acciones concretas.

Del poder absoluto del mercado a la necesidad de un programa de desarrollo

1. Reconocemos que ha llegado el momento de pasar de los principios a la acción, considerando los trabajos que ya se han hecho para aplicar el Plan de Acción de Ginebra e identificar las esferas en las que se han logrado avances, se están logrando avances o aún no se han logrado avances.
Source: Agenda de Túnez para la Sociedad de 'a Información, 18 de noviembre de 2006

En el nivel de los paradigmas la WSIS ha operado una ligera apertura: Durante la primera fase de la Cumbre, en Ginebra, el discurso sobre el desarrollo de la sociedad de la información estaba todavía dominado por un paradigma neo-liberal. La apertura y liberalización de los mercados, el establecimiento de mecanismos de regulación transparentes y no discriminadores, las inversiones extranjeras directas y las asociaciones entre el sector público y el privado, tales eran los elementos constitutivos de la fórmula mágica que planteaba el Plan de Acción de Ginebra para la superación de la brecha digital. El discurso oficial apenas dejaba espacio para matices. Se borró de los textos finales cualquier referencia a las limitaciones del modelo neo-liberal. Así se llegó a afirmar como una fatalidad que

«las tecnologías de la información y la comunicación refuerzan las desigualdades sociales en los países y podrían agrandar la brecha existente entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo si se mantienen sometidos a las fuerzas del mercado». [Punto 4A de la Declaración, versión del 18-07-03]

Sin embargo, durante el proceso de la WSIS se introdujeron en los documentos dos puntos adicionales que matizaban el discurso.

En primer lugar, en los documentos aprobados durante la segunda Conferencia Preparatoria de Ginebra (PreCom2, febrero 2005), los gobiernos reconocían que la financiación era igual tan insuficiente como lo habían sido las medidas tomadas hasta ahora para «una sociedad de la información inclusiva que responda a las necesidades del desarrollo». Con esta afirmación reconocían en efecto que en las aldeas alejadas de los países en vías de desarrollo es insuficiente la cobertura de la infraestructura telefónica y de la conexión al Internet, que es igualmente insuficiente —cuando no inexistente— la capacitación de la población en el uso de los instrumentos de información, y que los contenidos no son siempre los adecuados.

¿Cuáles son entonces las medias políticas y económicas que se deben tomar para enfrentar estos déficits del desarrollo? Éste es el tema político que está sobre el tapete. Después de largas y candentes negociaciones, y gracias a los esfuerzos diplomáticos de algunos países en vías de desarrollo (principalmente Argentina, Brasil, El Salvador, Ghana, Sudáfrica, Botswana, Bangla Desh, India y Senegal), se pudo incorporar en los documentos finales de la Cumbre algunos aspectos que en cierta medida relativizan el paradigma neo-liberal dominante al destacar la necesidad de combinar la financiación pública y la privada para superar la brecha digital:

«Reconocemos que la financiación pública juega un papel crucial a la hora de proporcionar un acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como servicios a la población desfavorecida y a los/as habitantes del área rural (...)» [Párrafo 31 del «Capítulo Segundo revisado de la Parte Operativa»].

Con esta afirmación se reconocen las limitaciones del mercado y se postula la necesidad de inversiones y medidas políticas en un espacio donde hasta ahora se había visto al mercado como el único vector para el desarrollo de la sociedad de la información, el único capaz de satisfacer todas las necesidades.

9. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se fomente la transferencia de tecnología en condiciones de mutuo acuerdo, incluidas las TIC, para que se adopten políticas y programas que ayuden a los países en desarrollo a poner la tecnología al servicio del desarrollo, entre otras cosas mediante la cooperación técnica y la creación de capacidades científicas y tecnológicas para colmar la brecha digital y del desarrollo.
Source: Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, 18 de noviembre de 2006

Un segundo punto introducido en los documentos aprobados en Túnez se refiere a la importancia de las políticas públicas, al resaltar la necesidad de incorporar la dimensión del desarrollo en todas las estrategias nacionales que tienen que ver con la sociedad de la información. Por primera vez en la historia se establece en este plano político una ligazón entre las tecnologías de la información y la lucha contra la pobreza:

«Estamos de acuerdo en que la financiación de las TIC para las necesidades del desarrollo se debe situar en el contexto de la creciente importancia del rol de las TIC, no sólo en cuanto medio de comunicación sino también en cuanto condición de posibilidad para el desarrollo....» [Párrafo 23 del «Capítulo Segundo revisado de la Parte Operativa»]

11. Reconocemos las necesidades de financiación particulares y específicas del mundo en desarrollo, como se indica en el párrafo 16 de la Declaración de Principios de Ginebra, mundo que tiene ante sí numerosos desafíos en el sector de las TIC, así como la acuciante necesidad de atender sus necesidades especiales de financiación para lograr las metas y los objetivos de desarrollo acordados internacional-mente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Source: Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, 18 de noviembre de 2006

¿Qué significa concretamente este enfoque? Desde la década de los ochenta los gobiernos empezaron a diseñar estrategias nacionales que apuntaban a estimular el crecimiento de la sociedad de la información (e-strategies). En la mayor parte de los casos dichas políticas gubernamentales se concentraban en los temas de infraestructura y telecomunicación, en el desarrollo de una industria de bienes y servicios orientados a las tecnologías de la información (hardware, software, tele-trabajo, etc.), en la exportación y en la creación de puestos de trabajo. A través de medidas voluntarias —como inversiones, formación de ingenieros y técnicos, oferta de exenciones tributarias, y la creación de condiciones estables y prede-cibles para la inversión privada— varios países en vías de desarrollo intentaron alcanzar una posición de avanzada en el mercado de las TIC, que es lo que en no pocos discursos se presenta como la clave para el futuro crecimiento económico.

En Costa Rica, por ejemplo, en la década de los noventa, la economía nacional se vio severamente afectada por la caída en el mercado mundial de los precios de las materias primas que constituían el grueso de sus exportaciones. El gobierno decidió entonces volcarse hacia la industria de las TIC, declarando al respecto que «en el siglo próximo el software y las TIC significarían para la economía de América Latina lo que en el siglo pasado habían significado el café y el banano». Gracias a un entorno político estable, a una población con un elevado nivel de formación (basado en el Instituto Nacional de Aprendizaje) y a liberaciones tributarias, a fines de la década de los noventa el gobierno de Costa Rica logró atraer a la mega-empresa informática norteamericana Intel. Intel abrió en dicha nación centro-americana su segunda planta internacional más grande para el ensamblaje de chips microprocesadores. El resultado fue que poco a poco la siguieron otras empresas, y ya el año 2000, cuando el café todavía constituía el 5 % y el banano el 10 % de las exportaciones del país, los productos y prestaciones de servicios del sector informático alcanzaron el 37 por ciento de las exportaciones. Otros ejemplos son Singapur, donde el sector TIC llegó a ser la fuerza impulsora del crecimiento económico y de las exportaciones, y China, donde la participación de la industria electrónica en las exportaciones llegó al 12 por ciento el año 1977 y al 30 por ciento el año 2003.

Hasta ahora estas estrategias nacionales para el desarrollo de la sociedad de la información estaban orientadas al desarrollo industrial y por tanto al crecimiento económico. En cambio apenas se mencionan en estas estrategias los contenidos de la información ni las desigualdades sociales, y mucho menos la reducción de la pobreza. Un botón de muestra: un estudio de la OECD, de febrero de 2003, mostró que entre los 23 países en vías de desarrollo investigados, sólo tres —Benin, Sri Lanka y Kirguizistán— habían incorporado políticas de reducción de la pobreza en sus e-estrategias.

Al afirmar el papel que pueden jugar las tecnologías de la información y comunicación en la promoción del desarrollo y en la lucha contra la pobreza, los documentos de la WSIS sobre mecanismos de financiación promueven, al menos en teoría, una reorientación de las políticas y estrategias nacionales que apuntan al aprovechamiento de las TIC para buscar una mayor igualdad, cohesión y participación social.

Los dos puntos mencionados —el reconocimiento del papel que juegan las finanzas públicas y la necesidad de incorporar la dimensión social en las estrategias nacionales— se cuentan entre los principales logros alcanzados por la sociedad civil en la WSIS en el campo de la financiación del desarrollo y de su correspondiente agenda. Los mismos constituyen dos oportunidades que pueden aprovechar los actores no gubernamentales —tanto en el nivel nacional como en el internacional— para demandar la elaboración de nuevas políticas públicas que apunten a satisfacer las necesidades de los sectores más pobres de la sociedad.

Pero no por eso nos hemos de hacer demasiadas ilusiones: estos dos párrafos resultan relativamente pequeños en comparación con un documento que tiene más de diez páginas y cien párrafos y sub-párrafos. Y la ausencia de un compromiso concreto por parte de los países ricos respecto de otras áreas de negociación parece mostrar que la aplicación de políticas de desarrollo en el sector de la información y la comunicación está todavía muy lejos de constituir una prioridad en la agenda política internacional, especialmente si va en contra de poderosos intereses económicos.

De las palabras a la acción: La falta de un compromiso concreto en la ayuda para el desarrollo

Al final de la cumbre de Túnez el balance de la cooperación internacional resulta más bien magro: Los países industrializados no han dado una sola promesa ni han asumido ninguna obligación concreta para financiar el desarrollo de una sociedad de la información. Cuando los países en vías de desarrollo presentes en la WSIS hablaron de inversiones públicas, los países ricos (la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Suiza) les respondieron: «¡Tomen medidas, pero nosotros no tenemos dinero!» Así es como hasta ahora no ha habido ninguna discusión seria en la Cumbre sobre la ayuda estatal para el desarrollo, e incluso la meta del 0,7 % del Producto Social Bruto, que desde hace más de treinta años vienen prometiendo los países ricos a favor de la ayuda para el desarrollo, quedó diluida en formulaciones de tipo general.

Y esto también afecta al Fondo de Solidaridad Digital (FSD) que fue propuesto por una iniciativa senegalesa para la financiación de proyectos de información y comunicación. Cierto que este Fondo fue reconocido en los documentos, pero con una formulación que quedó reducida a la «bienvenida» por parte de los diferentes países a dicho fondo, sin que por eso lo «apoyen» como se había dicho en una primera versión. En cuanto a los países ricos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), estas formulaciones no reflejan la promesa de un compromiso financiero sino más bien la aceptación de una realidad innegable, tanto más cuanto que el Fondo de Solidaridad ya había sido fundado durante la Cumbre de Ginebra gracias a las contribuciones de las ciudades y las comunidades locales (www.dsf-fsn.org).

Y si quedara alguna duda respecto de la actitud reticente de los países industrializados, basta consultar el comunicado de prensa sobre la reunión de los ministros de economía y finanzas de la Unión Europea del 17 de febrero de 2005. Allí los ministros reiteraron que

«la UE no considera que un nuevo fondo de las Naciones Unidas sea un medio eficiente para resolver el problema de la brecha digital».

Pero además antes de eso se observa:

«(...) en lo que hace al Fondo voluntario de Solidaridad Digital, fundado en Ginebra por países europeos y africanos, la UE toma nota de la iniciativa, que no tiene carácter intergubernamental sino que involucra de manera innovadora a las autoridades locales en la lucha contra la brecha digital» [Consejo de Europa, Asuntos Económicos y Sociales, resumen de prensa, 17-02-05].

Por lo tanto, el Fondo de Solidaridad no es un proyecto de Naciones Unidas que cuente con el apoyo de los estados miembros. Se trata de una iniciativa que descansa exclusivamente sobre las autoridades comunales y regionales. Actualmente se cuentan entre sus miembros más activos las ciudades de Dakar, Ginebra, Lyon, Turín y París, así como las regiones del Piamonte (Italia), Aquitania (Francia) y el País Vasco (España). Este compromiso de parte de los gobiernos locales es en sí mismo una señal positiva, pero no cambia el hecho de que originalmente el proyecto había sido concebido como algo diferente. Cuando el presidente senegalés Abdoulaye Wade presentó el concepto de solidaridad digital, su objetivo era llamar la atención sobre la responsabilidad compartida entre los países ricos y pobres a la hora de superar la brecha digital. Y es precisamente esta noción de responsabilidad compartida la que las naciones industrializadas rechazaron en laWSIS. [Cf. la primera intervención del Presidente Wade sobre el tema, febrero de 2003 ' (PrepCom2, Fase I), o bien la presentación de la iniciativa por la delegación senegalesa en www.uneca.org/aisi/Bamako2002/SolidariteNu-merique.doc.

Otro obstáculo es la cuestión del seguimiento o de los mecanismos de control. Esto se refiere esencialmente a las medidas que deben tomar los gobiernos para garantizar la ejecución y el control de los planes de acción adoptados en Ginebra y Túnez. Para ello se deben definir las iniciativas que concretamente se debe emprender para superar la brecha digital, cómo se tiene que coordinar el trabajo de la ONU, cómo se tienen que evaluar los avances realizados y cómo se debe proseguir en los años sucesivos el diálogo político internacional.

En la primera Cumbre de Río de Janeiro sobre desarrollo sostenible, en 1992, por ejemplo, los documentos finales hacían referencia a la posibilidad de organizar cumbres de seguimiento después de cinco y diez años, y proponían la creación de una comisión permanente de desarrollo sostenible. En la WSIS, sin embargo, se puso de manifiesto que éste era un problema altamente controvertido. Durante la tercera conferencia preparatoria (PrepCom3, septiembre de 2005) los países en vías de desarrollo pidieron una fuerte coordinación internacional, así como la creación de una comisión sobre la sociedad de la información. En la PrepCom3 Chile propuso que se redef iniera el mandato de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y que saliera de ahí una comisión de seguimiento responsable de la WSIS. Por su parte algunos grupos de la sociedad civil publicaron una declaración convocando a la creación de una comisión específica sobre la sociedad de la información que funcionaría de acuerdo con las nuevas modalidades y garantizaría la real participación de los actores no gubernamentales [cf. www.comunica-ch.net]. Pero los países de la OECD se negaron a asumir cualquier compromiso al respecto. Los Estados Unidos fueron incluso más lejos y exigieron que se borrara de los documentos finales cualquier alusión a conceptos como «mecanismos» o «seguimiento».

En lo esencial la posición adoptada por los países industrializados, y en particular los Estados Unidos, tendía a descargar sobre los gobiernos de los países pobres la responsabilidad de superar la brecha digital. Y al impedir la conformación de cualquier tipo de foro internacional después de Túnez, hicieron imposible un debate político que pudiera tener en cuenta la voz de los países del Sur.

En la reunión de Túnez, sin embargo, los gobiernos alcanzaron otro tipo de consenso: ¡se pusieron de acuerdo en no decidir nada! A cambio se le dio a Kofi Annan, Secretario General de la ONU, el mandato de elaborar propuestas sobre la continuación de la WSIS y presentarlas al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) hasta julio de 2006. Entre las iniciativas que Kofi Annan puede considerar está la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, una instancia subsidiaria de Naciones Unidas que se creó en 1992 y que tiene su sede en Ginebra. Y dentro de ese mandato de estudiar las diferentes opciones disponibles, se menciona explícitamente la necesidad de integrar a los diferentes actores involucrados, vale decir los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.

Para la sociedad civil esta «no-decisión» deja las puertas abiertas para tantas posibilidades cuantos interrogantes. ¿Significa este período de espera que los gobiernos se han puesto de acuerdo en darle a Naciones Unidas un claro mandato de seguir las resoluciones adoptadas en Ginebra y Túnez? ¿O se trata simplemente de una señal de apatía? ¿Y cuál viene a ser, a fin de cuentas, el mandato de ese organismo, o esa comisión, o esa coordinación? Por el momento estas preguntas quedan sin respuestas.

¿Una cumbre de la información para nada?

¿Cuál es el balance final que se puede hacer de la WSIS? ¿Han servido de alguna manera esta cumbre y su proceso político para lograr algún avance en lo que es la ayuda para el desarrollo? La respuesta es ambivalente. En el plano de los paradigmas, la WSIS ha significado un cierto avance: ha reconocido que se necesitan inversiones y políticas públicas para colocar la información y la comunicación al servicio de todos los ciudadanos/as. Sin embargo ese reconocimiento no se ha visto plasmado en acciones. En los hechos, y debido a la oposición sistemática de los países industrializados, la WSIS no ha podido llegar a compromisos concretos o dignos de mención en términos de cooperación internacional. A fin de cuentas la Cumbre les devuelve a los gobiernos de los países pobres la responsabilidad de superar la brecha digital y se limita a alentar iniciativas «voluntarias» para la construcción de una aldea global más justa.

Este enfoque representa una peligrosa despolitización del problema de la brecha digital. Una despolitización que reafirma la primacía del mercado o de los intereses económicos, y es en gran medida el resultado de la presión ejercida por los grandes «lobbies» económicos como la Organización Mundial de Comercio. Y es esencialmente este hecho el que marca el fracaso de las esperanzas suscitadas por la WSIS. Se suponía que Túnez iba a ser la cumbre de las acciones y soluciones concretas, pero ahora resulta que sólo ha generado iniciativas voluntarias y novinculantes. Las innovaciones logradas en la Cumbre en relación con el desarrollo —la computadora de 100 dólares, el Fondo de Solidaridad Digital, el software gratuito, las redes de trabajo comunitario, etc.— tuvieron lugar al margen de la misma y no fueron parte de la agenda ni de las negociaciones oficiales.

Para la sociedad civil será pues importante en el futuro proseguir los debates, investigaciones y campañas que apuntan a exigir el establecimiento de un auténtico programa de desarrollo en el área de la información y la comunicación. Pero en estos futuros esfuerzos la sociedad civil deberá apoyarse en la dinámica del consenso, el intercambio y la coordinación que sí se ha creado gracias a la WSIS, una dinámica construida a lo largo de tres años de trabajo compartido y que ha conducido a la emergencia de un movimiento global de la sociedad civil que comparte la preocupación por la información y la comunicación.