Marcela Ballara

El compromiso que contrajo la comunidad internacional el 2008 en Doha, en cuanto a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones de los países en desarrollo, implica un considerable desembolso financiero. Pero si no se tiende un puente entre la promoción de la mujer y la protección ambiental, no se podrán lograr los cambios deseados y necesarios. Si bien las organizaciones donantes de mayor envergadura, tales como el Banco Mundial y los diferentes bancos de desarrollo, se han comprometido a respetar y considerar debidamente la igualdad entre los géneros y la incorporación de la perspectiva de género, no por ello se puede prescindir de un control por parte de la sociedad civil.

Financiación de la igualdad entre los géneros más allá de los ámbitos tradicionales: cómo lograr avances

¿Justicia de género en la financiación de la lucha contra el cambio climático?

Según señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2007 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la comunidad internacional ha invertido muy poco en materia de apoyo financiero para la adaptación al cambio climático. Además, los fondos disponibles, aportados por mecanismos de financiación para afrontar dicho cambio y por la ayuda bilateral oficial respectiva, no superan los US$ 200 millones. El crítico saldo obtenido por el PNUD y otras organizaciones con respecto a la aplicación de planes nacionales de adaptación al cambio climático se encuentra intrínsecamente relacionado con la referida escasez de recursos. Esta financiación insuficiente también viene al caso desde la perspectiva del género, pues uno de los efectos de la evidente falta de voluntad por parte de la comunidad donante de reducir la vulnerabilidad de la población más pobre es que, a la larga, contribuye a intensificar la vulnerabilidad particularmente alta de las mujeres y a aumentar el riesgo de que el cambio climático las prive de su medio de subsistencia.

En comparación con el dinero invertido en la protección del clima y la preservación de los bosques (es decir, fondos para mitigación), los mecanismos de adaptación al cambio climático adolecen de un notorio déficit de fondos, no obstante las numerosas iniciativas adicionales de financiación propuestas por los países donantes del Hemisferio Norte.1 Por ejemplo, salvo el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Programa Piloto para la Resistencia al Clima (PPRC) del Banco Mundial, la mayoría de los fondos bilaterales y multilaterales para combatir el cambio climático se orientan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollando tecnologías limpias, promoviendo el uso de energías renovables y la eficiencia energética, e invirtiendo en protección forestal; pero no apuntan a disminuir la vulnerabilidad y los riesgos que afrontan los grupos marginados de la población en lo que respecta a los impactos del cambio climático.2

La resolución adoptada por la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Declaración de Doha sobre Financiación para el Desarrollo 2008) establece un compromiso con la financiación de medidas de adaptación al cambio climático, concebidas para reducir la vulnerabilidad de la población de países en desarrollo. Luego de complejas negociaciones, los donantes reafirmaron su compromiso con una financiación para el desarrollo que considere la igualdad entre los géneros: «promover la igualdad entre los géneros» y «preservar el medio ambiente» como tareas asociadas a la ayuda oficial para el desarrollo con miras a la reducción de la pobreza, aunque sin establecer un vínculo directo entre ambos aspectos.

Sólo el «Informe sobre la 52ª Sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer» (CSW 2008)3 plantea una rela ción entre ambos desafíos mundiales: desigualdad entre los géneros y adaptación al cambio climático. Dicho informe recomienda que la perspectiva de género sea integrada en todos los niveles de planificación y toma de decisiones en materia climática, y que se faciliten los recursos para garantizar la total participación de la mujer.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo durante la Conferencia de Copenhague en 2009. Parafraseando al Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Yvo de Boer, la cumbre de Copenhague culminó con un simple «Acuerdo de Copenhague» negociado por un pequeño grupo de países clave, quienes «señalaron» la necesidad de evitar que el calentamiento global sobrepase el límite de 2º C. El Acuerdo exigió compromisos de parte de los países industrializados y la participación de los países en desarrollo, pero sin entrar en detalles acerca de cómo habría que proceder.

Aunque en la COP 15 las referencias a cuestiones de género se mantuvieron permanentemente en los documentos de negociación, estos carecían de toda validez sin una conclusión general en la que se considerara la protección de la vida y de los medios de subsistencia de todas las personas. A pesar de que el argumento de los especialistas en cuestiones de género apuntó a un acceso igualitario a las tecnologías relacionadas con estrategias de protección climática, hay secciones completas del texto con los resultados de COP 15 en que no se hace referencia alguna a la mujer, incluidos importantes apartados sobre financiación y transferencia de tecnología.

Prácticamente todos los donantes, además de Naciones Unidas, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo —salvo la CMNUCC— se han comprometido en sus directrices normativas a avanzar en materia de igualdad de oportunidades y de inclusión de la perspectiva de género. Sin embargo, no se puede pedir cuentas a los bancos que dejan de cumplir obligaciones sociales y políticas que han asumido voluntariamente. Pero el problema es que tanto los gobiernos como el mercado apenas si prestan atención a la justicia de género en políticas sobre adaptación al cambio climático, y no reconocen los derechos de la mujer.

Las reformas institucionales y los mecanismos que respetan la igualdad entre los géneros son las únicas vías expeditas para supervisar y abordar con eficacia la contradicción existente entre las actuales obligaciones y las prácticas políticas para la asignación de recursos.

¿Cómo lograr avanzar?

  • Desde la perspectiva de género, el debate sobre financiación para afrontar el cambio climático debe centrarse en la necesidad de contar con instrumentos obligatorios para supervisar la adaptación dicho fenómeno.
  • Con respecto a los mencionados instrumentos, existe una necesidad urgente de superar obstáculos conceptuales. Esto implica garantizar que las cuestio nes de género sean incorporadas a las políticas relativas al cambio climático. Por lo tanto, debe considerarse una financiación sólida a este respecto para evitar que tales esfuerzos se traduzcan en meros discursos sin repercusiones prácticas.
  • Las cuestiones de género también deben incluirse en el Programa Piloto para la Resistencia al Clima (PPRC), establecido con el fin de promover la integración de la adaptación al cambio climático en planes y presupuestos para el desarrollo nacional de países en desarrollo (como en el caso de Malaui).4
  • Incrementar el acceso de la mujer a los actuales fondos para mitigación y adaptación en materia de cambio climático. Los instrumentos de financiación que tienen impacto a nivel nacional deberían incluir consideraciones previas sobre cuestiones específicas relativas al género, además de las desigualdades sociales al interior de las comunidades.
  • Las estrategias de adaptación al cambio climático deben tener en cuenta las características relativas y distintas, el poder y la resiliencia social, las vulnerabilidades y los recursos tanto de mujeres como de hombres, pues las normas, los papeles y las relaciones asociadas al género pueden lo mismo favorecer que limitar las capacidades adaptativas.5 Por lo tanto, se necesitan estudios sobre la calidad y el monto de la financiación para la adaptación al cambio climático con una óptica de género, pues los que existen en la actualidad no abordan este asunto.
  • Adoptar indicadores sobre cuestiones específicas asociadas al género, a fin de verificar el impacto que en este sentido se produce en programas y proyectos; realizar auditorías de género y evaluaciones de la repercusión en este ámbito.
  • Desarrollar y aplicar indicadores específicos sobre cuestiones de género, y realizar análisis sobre el tema del género en cada etapa de los programas y proyectos de adaptación al cambio climático.
  • Establecer la adopción obligatoria de presupuestos sensibles al tema del gé nero en mecanismos de financiación nacionales e internacionales. Supervisar las asignaciones de recursos para fines específicos asociados al género, al igual que sus efectos o beneficios.
  • La mujer debe ser considerada como un poderoso agente inductor del cambio, y ser integrada plenamente en estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático en todos los niveles. Se requiere con urgencia la participación igualitaria de mujeres y hombres tanto en la negociación como en la implementación de mecanismos de financiación.
  • Abogar, tanto a nivel mundial como local, por el aumento de la cantidad de mujeres que ocupan cargos directivos en la CMNUCC, apuntando a una participación significativa de mujeres y hombres de todos los sectores de decisiones sobre políticas climáticas locales y mundiales. Esto también implica un fortalecimiento del compromiso de dar prioridad a los enfoques más vulnerables y orientados a cuestiones de género contenidos en el proyecto de acuerdo de México.

Se requiere enunciar con claridad una voluntad política, y aumentar sustancialmente los recursos financieros internacionales para así aplicar la justicia de género en las políticas de adaptación al cambio climático. De lo contrario, dicha política de adaptación orientada a la pobreza no podría ser aplicada efectivamente, sería infructuosa, y lo más probable es que el tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) no se alcanzaría. El logro de todos los ODM depende, de manera fundamental, del logro del tercer ODM.

Notas

1 Los fondos suministrados corresponden a aportaciones voluntarias o a compensaciones provenientes de los principales países responsables del cambio climático (Protocolo de Kyoto y Plan de Acción de Bali). En la Declaración de Doha sobre Financiación para el Desarrollo, los países industrializados han reafirmado su obligación de realizar contribuciones adicionales para financiar la adaptación al cambio climático. Sin embargo, no queda del todo claro si con «adicionales» se refieren a fondos que complementan los ya existentes para la adaptación al cambio climático, o suplementan los actuales recursos de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). La comunidad de donantes también se encuentra dividida ante la exigencia de movilizar fondos para la adaptación al cambio climático adicionales a la meta de 0,7 %, es decir, sin considerar los fondos para la AOD.

2 Los Programas Nacionales de Acción para la Adaptación (PNAA), por ejemplo, son un producto del Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA), el que, al igual que el Fondo para el Cambio Climático, es administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). El FPMA tiene un presupuesto de menos de 10 millones de dólares, 200.000 de los cuales se ponen a disposición de cada país que prepara un PNAA. Sólo 11 PNAA de un total de 38 han sido comncluidos a la fecha. Esta cifra tremendamente baja no solo refleja la subestimación general de los costos de adaptación al cambio climático a nivel mundial, sino también la escasa importancia política asignada a los esfuerzos por disminuir la vulnerabilidad y los costos sociales. Hasta ahora, su aplicación no ha sido significativamente respaldada por medio de la cooperación para el desarrollo (CD) bilateral y multilateral, y tampoco los fondos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han sido suficientes en sí mismos.

3 «(jj) Integrar la perspectiva de género al diseño, la aplicación, la supervisión, la evaluación y la presentación de informes con respecto a políticas medioambientales locales; fortalecer los mecanismos respectivos y brindar recursos adecuados que garanticen la total e igualitaria participación de la mujer en la toma de decisiones a todo nivel en asuntos medioambientales, particularmente en estrategias relacionadas con el impacto producido por el cambio climático en la vida de mujeres y niñas» (Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. Informe sobre la 52ª sesión, 25 de febrero, 7 y 13 de marzo de 2008; E/CN.6/2008/11, 8).

4 «El de Malaui es un caso excepcional digno de destacar, pues ha identificado la cuestión de género como un ámbito en sí mismo, y no tan solo como un tema de carácter transversal. Es así como se han propuesto innumerables iniciativas orientadas hacia mujeres en situaciones altamente vulnerables: (i) empoderar a las mujeres por medio de un acceso a la microfinanciación que les permita diversificar su potencial de ingresos; (ii) garantizar un acceso más expedito a fuentes de agua y energía por medio de pozos de sondeo y la plantación de arboledas; y (iii) aprovechar la energía suministrada por medio del programa de electrificación rural» (PNAA de Malaui, marzo de 2006, págs. x-xi, citado en ib. Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo [Women’s Environment and Development Organization – WEDO]).

5 Tras el paso del huracán Mitch en 1998, La Masica, en Honduras, no informó de víctimas fatales. Seis meses antes, un organismo especializado en desastres había capacitado a la población -tanto femenina como masculina- en sistemas de alerta temprana y control de situaciones peligrosas. Así pues, las mujeres de La Masica estuvieron en condiciones de asumir la tarea de supervisar permanentemente el sistema de alerta temprana, y la municipalidad pudo evacuar el área oportunamente cuando el huracán azotó la región.