Los derechos humanos son la clave para el mundo que queremos

Camilla Croso 
Campaña Mundial por la Educación, Brasil

 

 

 


Resumen
– En este análisis compartiremos algunas reflexiones sobre la manera en que la educación y el marco de la Educación para Todos (EPT) contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sobre la base de los debates que actualmente tienen lugar en torno a la agenda para después de 2015. Desde nuestra perspectiva, la contribución de la educación y la EPT a los ODM tiene que ver, ante todo, con el carácter indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos, de los cuales el derecho a la educación es un derecho en sí mismo que permite el acceso a otros derechos hu manos. Ahora bien, el grado en que la educación y la EPT contribuyen efectivamente a alcanzar los ODM depende de la visión y la percepción que tengamos del desarrollo, como asimismo del sentido y la finalidad que se le atribuya a la enseñanza.
 



La indivisibilidad de los derechos humanos

La educación es un derecho humano fundamental, que permite el acceso a otros derechos humanos. Como lo ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la educación “Se ha clasificado de distinta manera como derecho económico, derecho social y derecho cultural. Es, todos esos derechos al mismo tiempo. También, de muchas formas, es un derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos” (CESCR, 1999a).

“El derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos
humanos.”

Esta característica central del derecho a la educación, en la que confluyen la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, debe ser reconocida progresivamente a nivel nacional, regional e internacional. Incide en el contenido y en la orientación de la formulación de políticas relativas a la educación y a otros temas que trascienden sus límites. Dentro del marco del actual debate sobre las agendas de desarrollo y de educación pos teriores a 2015, reconocer el derecho a la educación como derecho social, cultural, económico, civil y político reviste una enorme importancia.

 

“Derechos humanos – educación – derechos humanos – educación – derechos humanos...”

“No puede haber un marco creíble para el desarrollo mundial sin el derecho a la educación como elemento
central.”

Puesto que la conquista del derecho a la educación promueve el acceso a todos los demás derechos humanos, esta área debería cumplir un papel protagónico en la promoción de los objetivos de desarrollo del milenio. Lo anterior es válido tanto para los actuales objetivos como para la serie de objetivos que están siendo debatidos para el escenario posterior a 2015. Como señala acertadamente la Internacional de la Educación, no puede haber un marco creíble para el desarrollo mundial sin el derecho a la educación como elemento central.

El anteriormente mencionado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también expresa que aparte de ser un derecho en sí y de por sí, “Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia (y) la protección del medio ambiente” (CESCR, 1999b).

En este sentido, la conquista del derecho a la educación responde a la aspiración de alcanzar todos los actuales ODM y fomenta ese anhelo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la educación primaria universal; promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; mejorar la salud materna; combatir el VIH/ SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Del mismo modo, cumplirá un papel fundamental en la promoción del cumplimiento de los ODM para después de 2015, que aún están siendo debatidos, pero actualmente se remiten a una serie de 12 aspiraciones: acabar con la pobreza; empoderar a las niñas y las mujeres para que alcancen la igualdad entre los géneros; ofrecer una educación y un aprendizaje a lo largo de toda la vida de calidad; garantizar una vida saludable; garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición; lograr el acceso universal al agua y al saneamiento; garantizar la energía sostenible; crear empleos, medios de subsistencia sostenibles y garantizar un crecimiento equitativo; gestionar de manera sostenible el patrimonio de recursos naturales; garantizar la existencia de una buena gobernanza y de instituciones eficaces; garantizar la existencia de sociedades estables y pacíficas; crear un ambiente mundial propicio y catalizar la financiación a largo plazo.

Dicho lo anterior, tan importante como reconocer que la educación es un derecho que potencia a todos los demás —y precisamente en atención a la reivindicación que les confiere a los derechos humanos un carácter indivisible e interdependiente— es establecer marcos jurídicos y políticos que posibiliten el ejercicio de todos los derechos, incluido el de la educación. Es decir, la educación fomentará la conquista de todos los demás derechos, pero el logro del derecho a la educación florecerá en un contexto en el que se lleguen a alcanzar otros derechos. Por este motivo, al mismo tiempo que procuramos garantizar la conquista del derecho a la educación, también debemos luchar por la protección, el respeto y el ejercicio de todos los demás derechos, respaldando estos esfuerzos con el establecimiento de marcos estructurales sólidos para las políticas y el ordenamiento jurídico. En este sentido, los países han de adoptar políticas que repercutan estructuralmente en el escenario social, económico y político con miras a crear un clima de justicia social y ambiental, al igual que de dignidad humana, como por ejemplo la tributación progresiva, las políticas redistributivas, la acción afirmativa que combata la discriminación histórica, políticas que fomenten la participación social en la toma de decisiones, políticas orientadas al fortalecimiento de los sistemas públicos, incluida una adecuada presupuestación financiera que favorezca la conquista de los derechos.

“La educación debe alentar a los seres humanos a desarrollar su pleno potencial; promover el respeto de todos los derechos y libertades de las personas; valorar la diferencia y la diversidad; superar todas las formas de violencia y discriminación; promover la ciudadanía y la paz, como también las relaciones armónicas con el ambiente.”

La visión del desarrollo

Debatir sobre qué herramientas puede aportar la educación al logro de los ODM, y en qué medida, no solo supone una comprensión del carácter indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos, sino además una reflexión sobre cuál es la visión del desarrollo y la educación en que se apoya el marco de los ODM y de la Educación para Todos. Antes de reflexionar en torno a las distintas y encontradas posturas con respecto a la concepción de la educación y de su objetivo, analicemos un importante debate planteado en Latinoamérica y el Caribe por las organizaciones regionales asociadas.

En esta región, el Grupo de Trabajo sobre Educación (GTE),1 cuyas intervenciones estimularon el debate preparatorio de la conferencia Rio+20, ha cuestionado la propia noción de desarrollo y ha propuesto el concepto de justicia social y ambiental como un horizonte más acorde con el principio de dignidad humana y diversidad sociocultural. La visión que inspira esta postura se basa en el paradigma del buen vivir, propio de los pueblos aborígenes, que comparado con la noción de desarrollo resulta más complejo, menos linear, admite parámetros y criterios contextualizados, está íntimamente relacionado con el ambiente y reconoce la diferencia y la diversidad. El buen vivir involucra aspectos que van mucho más allá de la dimensión económica para incluir todos los aspectos de la vida humana.

La educación como derecho humano fundamental

Por último, siempre y cuando sea concebida e implementada como un derecho humano fundamental, la educación contribuirá de manera decisiva a la conquista de todos los demás derechos y al logro de objetivos de desarrollo más amplios. Para concebir la educación de esta manera, es necesario situar sus objetivos en un contexto más extenso, tal como se enuncia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y en todos los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos redactados con posterioridad, correspondiéndoles a los ciudadanos de todas las edades ejercer los derechos y a los estados garantizar su ejercicio. En este sentido, la educación debe alentar a los seres humanos a desarrollar su pleno potencial; promover el respeto de todos los derechos y libertades de las personas; valorar la diferencia y la diversidad; superar todas las formas de violencia y discriminación; promover la ciudadanía y la paz, como también las relaciones armónicas con el ambiente.

El hecho de reconocer la educación como derecho humano fundamental también implica entender que la educación tiene un carácter universal, obligatorio y gratuito, por lo menos en el nivel primario y progresivamente en todos los demás niveles. Supone comprender lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declaró en 1999: que el ejercicio del derecho a la educación requiere satisfacer la totalidad de sus cuatro dimensiones: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Por último, supone reconocer que el derecho a la educación se adquiere desde el nacimiento y se ejerce durante toda la vida, por lo que la necesidad de aplicar políticas educativas orientadas a todos los grupos etarios, desde la niñez hasta la adultez, se transforma en un tema prioritario en los debates y en las decisiones.

Actualmente, en los debates en torno a la agenda para después de 2015, se observa una confrontación entre distintas concepciones de la educación, donde la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil defienden la educación como derecho humano fundamental, mientras que importantes actores sociales fomentan una visión reduccionista y de naturaleza economicista de la educación, que se limita a responder a las necesidades del mercado y a considerar como indicadores esenciales los resultados de aprendizaje mensurables, en especial los asociados a matemáticas, lectura y escritura. En esta última visión instrumental, el interés se concentra en los niños y, en cierta medida, los adolescentes, pero se deja un margen escaso o nulo para reconocer que los adultos están facultados para ejercer esos derechos. En este sentido, la sociedad civil ha estado haciendo hincapié en la urgente necesidad de atribuir mayor notoriedad e importancia a la educación y el aprendizaje de adultos, como también a la alfabetización de adultos, en las agendas de educación y de desarrollo.

Ya en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación de Adultos, CONFINTEA VI, las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo hicieron un llamamiento para que se otorgue mayor prioridad al aprendizaje, la educación y la alfabetización de adultos. Desgraciadamente, en la implementación del actual marco de EPT se ha observado una generalizada despreocupación por estos aspectos, y en el actual marco de los ODM, al igual que en los debates sobre los ODM para después de 2015, se advierte una ausencia de estos temas, pese a que la educación de adultos es una dimensión fundamental del derecho humano a la educación y, como se sostiene al principio de este artículo, repercute directamente en la conquista de todos los demás derechos humanos. La actual falta de interés por reconocer que los adultos están facultados para ejercer esos derechos, al igual que la ausencia de la educación de adultos y la alfabetización en los actuales debates sobre planes de acción para después de 2015, constituyen graves deficiencias que serán corregidas cuando la sociedad civil, las organizaciones internacionales, los estados miembros y otros actores sociales les asignen a esos temas la debida prioridad.

 


Nota

1 / Incluye la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo Internacional de Educación de Adultos (International Council for Adult Education – ICAE), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM), el Foro Mundial de Educación, la Jornada del Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sostenibles y Responsabilidad Global, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Brasil, www.flacso.org.br), y la Internacional de la Educación (IE, www.ei-ie.org).

Referencias

CESCR (1999a): Observaciones generales 11. Disponible en bit.ly/16tDXl0

CESCR (1999b): Observaciones generales 13. Disponible en bit.ly/1aittcf

Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 (mayo de 2013): Una nueva alianza mundial: erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo sostenible. Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015. Disponible en bit.ly/12qUxQG

Internacional de la Educación (2013): Educación dentro del Marco de Desarrollo Global Post-2015: objetivos, metas e indicadores propuestos por la Internacional de la Educación. Disponible en bit.ly/16Rj9rJ

Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000): www.un.org/millenniumgoals/

 


Sobre la autora

Camilla Croso, master en Política Social y Planificación en Países en Desarrollo por la London School of Economics, es coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, y Presidenta de la Campaña Mundial por la Educación. Formó parte del Comité de Redacción del Marco de Acción de Dakar durante el Foro Mundial de Educación en 2000, y participó activamente en la CONFINTEA VI. Actualmente es miembro de varias juntas consultivas internacionales y regionales sobre el derecho a la educación, incluidos los comités directivos
de la iniciativa mundial “La educación ante todo”.

 

Contacto

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
Av. Prof. Alfonso Bovero, 430, conj. 10
Perdizes, São Paulo, 01254-000, Brazil
camcroso@gmail.com
www.campanaderechoeducacion.org

 

 

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