Las tecnologías y la educación: ¿Es posible otro mundo digital?

Camilla Croso
Campaña Mundial por la Educación
Brasil



 

 

Resumen En la medida en que el  mundo y  el campo de la  educación viven una creciente digitalización, debemos preguntarnos: ¿Quién controla este proceso? En este artículo se describen algunos de los riesgos y posibilidades que conlleva el creciente uso de las tecnologías. El uso de las herramientas digitales encierra en sí la oportunidad de lograr mayor justicia educativa, pero a la vez puede acentuar el acceso desigual a la educación y crear brechas sociales. Abordaremos algunos de los aspectos clave, como la importancia del marco político y pedagógico en el cual se encuentran insertas las nuevas tecnologías y la cultura digital, pero también la intencionalidad, al igual que la desigual capacidad para utilizar estas tecnologías, las perspectivas en materia de ­derechos humanos así como el mundo digital como un espacio para la resistencia, la movilización y la ciudadanía.


Nada es neutral. En consecuencia, preguntarse si la digitalización ofrece una oportunidad para lograr la justicia educativa o viene a ampliar la brecha social dependerá, en último término, de la intencionalidad política que respalda su uso. Tal intención determina el marco político asociado y la serie de principios que lo inspiran.

Como educadores de adultos debemos estar atentos a la intencionalidad política implícita en el uso de las tecnologías, viendo en ella el factor clave que permitirá ofrecer una oportunidad para lograr mayor justicia social o bien agudizará el acceso desigual a la educación y profundizará la brecha social.

En primer lugar, debemos tener presente que es el marco político y pedagógico en el cual tiene lugar la digitalización el que determina el uso de las tecnologías y su consiguiente impacto, y no al revés (Tedesco, 2016). Las tecnologías deben estar al servicio de los marcos políticos y pedagógicos y no determinarlos. Constituyen un medio y no un fin en sí mismos, y por cierto no son el único medio, sino que solo forman parte de un repertorio de medios al que educadores y alumnos pueden recurrir.

Esto significa que las políticas educativas no deberían concentrarse en una capacitación provechosa sobre el uso de dichas tecnologías y de los aparatos tecnológicos, sino en la familiarización de educadores y estudiantes con determinados marcos políticos y pedagógicos a los cuales estas tecnologías van a contribuir (Tedesco, 2016). El factor clave es la intencionalidad de dichos marcos: la intención tiene que ver con los temas que están en juego y que hay que discutir: para conseguir un mayor grado de igualdad educativa será preciso contar con marcos que empoderen a las personas para transformarse en protagonistas activos de sus experiencias de aprendizaje. La finalidad debe ser promover un mayor grado de diálogo, de participación, y de conectividad con diversidad. La intención debe consistir en abordar temas educativos concretos, tales como la democratización del conocimiento, un mejor aprendizaje, la promoción del pensamiento crítico y de la solidaridad, y no dejarnos subyugar por los fetiches tecnológicos.


© Campaña Mundial por la Educación

En sus análisis de las culturas digitales, algunos autores han formulado interesantes consideraciones. Así por ejemplo, Milad Doueihi, profesor de humanidades digitales de la Universidad de La Sorbona, en París, indica que la cultura digital conlleva nuevas posibilidades, pero también efectos colaterales impredecibles, y a veces inquietantes e incluso peligrosos. Destaca la necesidad de contar con “usuarios informados”, capaces de cuestionar y modificar el “entorno digital prefabricado” que se les ofrece. Considera que las desigualdades y las brechas no son solo consecuencia de un acceso desigual a las tecnologías, sino también — y primordialmente — de una capacidad asimétrica para usar las diferentes tecnologías. Las tecnologías podrían, por una parte, promover la existencia de consumidores pasivos que no cuestionan ni problematizan la digitalización, y por la otra, fomentar el debate y el pensamiento crítico, instando a las personas a asumir un papel activo en el desarrollo tecnológico propiamente tal, así como en la movilización social, la actividad política y el ejercicio de la ciudadanía.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y los derechos humanos

Si las políticas relativas a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son planteadas desde el punto de vista de los derechos humanos con la intención de promover la justicia educativa, entonces resulta fundamental reflexionar sobre la relación entre el ámbito público y el privado. Y ello nos lleva nuevamente a la intencionalidad política detrás de la tecnología y la digitalización. A fin de promover la justicia educativa es primordial que el Estado garantice el acceso gratuito a la conectividad y el consumo sin costo, y a la vez promueva el debate público sobre los propios instrumentos tecnológicos, sobre su apariencia y su contenido.

Es importante destacar que estos aspectos no deben sub-ordinarse a motivos de utilidad económica, lo que de hecho acarrearía el riesgo de aumentar las divisiones y forjar modelos y maneras de pensar contraproducentes. Si estas políticas y estos contenidos pedagógicos específicos dejan de ser un bien público, el mercado ocupará este espacio y asumirá este papel, sirviendo a sus propios intereses (Lugo, 2015). Es de vital importancia que las TIC y el mundo digital no dejen de estar abiertos a los debates y a las políticas de carácter público, para que así cumplan su misión de estar efectivamente al servicio del bien común.

La transición hacia el mundo digital ha suscitado una considerable atención. Existen claros y poderosos intereses privados que pretenden obtener utilidades gracias a la digitalización y otros procesos educativos. Las TIC y las culturas digitales no deberían considerar a las personas exclusivamente como consumidoras de dichas tecnologías (moldeadas y determinadas por el mercado), sino también, y de manera significativa, como productoras de tecnologías. La obsolescencia de las tecnologías está frecuentemente motivada por una intencionalidad proclive a la obtención de utilidades. Por lo tanto, es importante que existan mecanismos estatales y públicos que fomenten la innovación y el progreso tecnológico con independencia del mercado.

En relación con los problemas y desafíos que conlleva el derecho a la educación en la era digital, Kishore Singh (2016), Relator Especial sobre el derecho a la educación, se refirió a la forma en que deberían respaldarse las normas y los principios en que se sustenta el derecho a la educación al tiempo que se adoptan las tecnologías digitales. Según Singh, la tecnología reporta importantes beneficios al proceso educativo, pero igualmente puede socavar el ejercicio del derecho a la enseñanza. El principio orientador de este proceso debe ser la adopción de un enfoque integral. Afirma que se debe prestar especial atención a los aspectos relacionados con el acceso y con las habilidades de los grupos más marginados de la población, y que el hecho de impartir la educación a través de la tecnología digital también puede promover la desigualdad entre los géneros. De igual manera, la autonomía de los maestros para impartir enseñanza de la manera que ellos estimen más adecuada puede verse entorpecida por modelos educativos basados en la tecnología. Reitera que “la libertad académica supone el derecho a enseñar en forma libre de interferencias, incluido el derecho a escoger los contenidos y los métodos de la educación, y la libertad de usar o no usar una técnica o tecnología específicas”. Por otra parte, Singh destaca que si bien es cierto que las tecnologías digitales requieren necesariamente la participación del sector privado, debemos mantenernos alertas frente al peligro de una privatización de la educación y a los intereses comerciales de los proveedores privados.


© Campaña Mundial por la Educación

Al mismo tiempo, es fundamental destacar la importancia de los recursos educativos abiertos, teniendo en cuenta la enseñanza, el aprendizaje y los materiales de investigación que se insertan en el ámbito público o han sido distribuidos en virtud de una licencia abierta que permite que terceras personas accedan a ellos, y los utilicen, adapten y redistribuyan de manera gratuita y con absoluta libertad o mínimas restricciones. Los recursos educativos abiertos, incluida la opción de emplear programas informáticos de código abierto, entrañan asimismo un compromiso ético con enfoques democráticos e inclusivos, y garantizan el derecho de las personas de distintos géneros, nacionalidades, razas, regiones, religiones o capacidades físicas a utilizarlos, a relacionarse con ellos, o a adaptarlos o modificarlos.

La falta de dinámicas informáticas

En este artículo he intentado explorar algunos aspectos decisivos que es preciso tener en cuenta cuando hablamos de las tecnologías y de la educación, en especial de la intencionalidad política que subyace al uso de las tecnologías. Las tecnologías constituyen un medio y no una finalidad en sí mismas. Y ciertamente no son los únicos medios, sino solo uno entre un amplio repertorio de recursos que maestros y estudiantes pueden utilizar. Las nuevas tecnologías y las culturas digitales jamás deberían ser percibidas como herramientas para sustituir a los maestros, o para reemplazar la interacción humana o la instrucción y el aprendizaje presenciales. Existe un amplio consenso en cuanto a que los maestros autónomos, creativos, empoderados y valorados representan el elemento central de una educación de calidad para todos. Pues, por muy admirables que puedan ser, las tecnologías no lograrán reemplazar la dinámica del diálogo, del debate, de la confrontación de ideas y de opiniones, y del aprendizaje general, activo y colectivo, que está asociada a un alto grado de espontaneidad, reflexión sobre la marcha y emociones humanas. Precisamente en relación con un enfoque de las tecnologías digitales basado en los derechos humanos, Kishore Singh destaca que “las autoridades públicas deberían garantizar que el uso de las tecnologías digitales sea considerado una herramienta educativa y no un sustituto de la educación presencial. Deberían reconocer que el contacto humano al transmitir conocimientos es un elemento esencial del proceso de instrucción y aprendizaje”.

Por último, también debemos tener presente que los límites entre “virtual” y “real” son permeables y que la verdad es que nos encontramos transitando entre ambos. De hecho, esta permeabilidad resulta ser una cualidad que abre las puertas a otros recursos pedagógicos. Como ciudadanos que vivimos en un mundo en proceso de cambio, que continuamente nos desafía a reflexionar más profundamente sobre nuestro compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales, las posibilidades que ofrece el mundo digital como importante foro para hacer oír las voces críticas, y como promotor esencial de la resistencia, la movilización y la ciudadanía, son innegables.


Referencias

Doueihi, M. (2010): La gran conversión digital. Buenos Aires, Fondo de Cultura EconómicaONU (2016): A/HRC/32/37. Report of the Special Rapporteur on the right to education documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/272/23/PDF/N1627223.pdf? OpenElementSITEAL (2015): Diálogos del SITEAL. Conversación con María Teresa Lugo. Avances en la integración de las TIC en los sistemas educativos latinoamericanos. www.siteal.org/sites/default/files/siteal_dialogo_lugo.pdfTedesco, J.C.: La Integración de TIC en la Educación Argentina (2016). Entrevista: insurgenciamagisterial.com/entrevista-a-juan-carlos-tedesco-sobre-la-integracion-de-tic-en-la-educacion-argentina


Sobre la autora

Camilla Croso es presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). Se graduó en política y planificación social en países en desarrollo en la London School of Economics en 1998, y es autora de una serie de artículos y libros en el área de la educación y los derechos humanos.

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