Política educacional


Sobre política no se puede discutir de manera abstracta. Punto de partida son siempre temas concretos. Ya bien se trate de resoluciones de las conferencias sobre el clima, del Marco de Acción de Belém de la CONFINTEA VI, de los objetivos educacionales de la Educación para Todos, o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las finalidades o bien los compromisos políticos siempre se refieren a ámbitos de vida y trabajo reales. Y, ya sea de manera explícita o implícita, estas manifestaciones de voluntad política casi siempre tienen también una dimensión educacional. La educación de adultos debe hacerse presente con sus temas en los grandes foros políticos a fin de que sean tomados en cuenta y se puedan hacer progresos. Y esto no es posible sin una organización.

Por otra parte, tampoco se concibe una práctica en el campo de la educación de adultos que carezca de un componente político. Punto de partida de la educación de adultos es la realidad, la que ella pretende transformar. Si los campesinos se organizan a fin de comercializar mejor sus productos, se adentran en un sistema de realidades políticas que van desde el nivel local, a saber las estructuras rurales, las condiciones de mercado concretas, el comercio intermedio, las tarifas por concepto de un puesto de venta en el mercado local, hasta el nivel global, tales como la competencia con productos subvencionados por la Unión Europea, las regulaciones de exportación, los sistemas crediticios, los monopolios de las semillas, etc. De manera que actúan políticamente. Educadores de adultos que se organizan a fin de coordinar sus demandas de un mayor financiamiento del sector, un equipamiento adecuado de las salas de clases, reconocimiento de sus cualificaciones, participación en medidas de perfeccionamiento y posibilidades de ascenso profesional, también actúan políticamente. Y las mujeres que a través de la educación aprenden a reconocer y definir su situación de desventaja y exclusión y en consecuencia reclaman igualdad entre los géneros y reinvindican el derecho constitucional de dignidad y propiedad, entonces estas mujeres actúan políticamente.

Al catalogizar un artículo como de carácter más bien técnico o político, actuamos de acuerdo con nuestro propio criterio. Por ello no ha de llamar la atención si temas que fueron abordados desde el punto de vista de la práctica de la educación de adultos, de pronto se encuentran en el espectro que dice relación con la política educacional.

La Asociación Europea para Educación de Adultos (AEEA, European Association for the Education of Adults – EAEA) no tiene sólo que ver con cuestiones de la práctica y la política en Europa. En sus respuestas al «Libro Verde: Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sosteniblemejorar el impacto de la política de desarrollo de la UE», de la Unión Europea, exige también un compromiso de la Unión con la cooperación global, especialmente con los países en desarrollo y especialmente en el campo de la educación, que comprende también a la educación de adultos.

La Fundación Mary Robinson – Justicia Climática (Mary Robinson FoundationClimate Justice – MRFCJ) es «un centro de capacitación en liderazgo, de educación y defensa de la lucha por asegurar la justicia global para el gran número de víctimas del cambio climático que generalmente son olvidadas – los pobres, los excluidos y los marginados del mundo» (Statement of Purposewww. mrfcj.org/). Con ocasión de la XVI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, Conferencia de las Partes, celebrada en Cancún, Méjico, en diciembre del 2010, la Fundación publicó una Declaración sobre el Liderazgo Femenino en el Campo de la Justicia Climática. En esta Declaración se destaca la especial vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático y se enfatiza la necesidad de que por ello asuman un rol determinante en la lucha contra dicho cambio.

 

Sofia Valdivielso, de la Oficina de Educación y Género del ICAE (Consejo Internacional de Educación de Adultos), subraya la necesidad de que la sociedad civil y sus organizaciones presenten sus exigencias directamente a los gremios internacionales de decisión y supervisen de que se de cumplimiento a las resoluciones acordadas.