Vernor Muñoz

Vernor Muñoz, de Costa Rica, es relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. Según él, la educación «no se limita a un periodo de la vida de hombres y mujeres, sino que además abarca todo el transcurso de su existencia». Reimprimimos este artículo que él envió al seminario virtual «¿Se encuentra también en crisis la educación? Propuestas y desafíos para otro mundo posible».

El derecho a la educación


La educación es, además de una garantía individual, un derecho social cuya máxima expresión es la persona en el ejercicio de su ciudadanía; no se reduce a un período de la vida sino que comprende el curso completo de la existencia de los hombres y mujeres. Como dice Jean-Claude Forquin, la educación a lo largo de la vida comprende todas las dimensiones personales y sociales y todas las modalidades de los procesos pedagógicos.

La escolarización formal resulta entonces un mecanismo integrante de los procesos educativos, pero nunca un fenómeno que agota los procesos de aprendizaje y que, en muchos casos, lamentablemente reduce las opciones de las personas adultas, cuando el Estado limita la propuesta educativa sin considerar las necesidades e intereses de esta población. Dicha exclusión parte de la premisa equivocada de que los únicos destinatarios de «los servicios educativos» son las personas menores de edad, fortaleciendo el estereotipo que presenta a las y los sujetos de la educación como simples receptores del poder socializador del Estado.

Esta distorsión etiológica es más aún evidente cuando la educación se desconecta de sus verdaderos propósitos y condensa las contradicciones y tensiones de los sistemas económicos y de las culturas patriarcales.

Las personas jóvenes y adultas enfrentan múltiples dificultades para realizar su derecho a la educación. Existen, sin embargo, dos amenazas capitales que debemos mencionar:

La primera es la falta de oportunidades educativas y la exclusión.

La falta de oportunidades para jóvenes y personas adultas no sólo se expresa en la ausencia concreta de disponibilidad y de acceso, sino también en la desarticulación de la oferta existente.

Así por ejemplo, es común encontrar múltiples estructuras distintas para el subsistema educativo de jóvenes y adultos, lo cual dificulta la movilidad de las y los estudiantes en las distintas jurisdicciones y su reinserción en los sistemas regulares de educación.

La misma noción de «subsistema», cuando se habla de educación de jóvenes y adultos, ya de por sí refleja un tratamiento de menosprecio a las necesidades de esta población.

Este tipo de problemas ha sido detectado en muchos países y tiene como referencia la dispersión y superposición de la oferta, la falta de atención de las desigualdades sociales y la ausencia sistemática de respuestas pedagógicas que permitan rescatar, potenciar y desarrollar las culturas, los idiomas y las cosmovisiones de las comunidades indígenas latinoamericanas.

En muchos casos, las campañas de alfabetización se llevan a cabo sin considerar la situación cultural de los pueblos originarios y rara vez convocan los derechos y necesidades de las personas con discapacidades, ni de las poblaciones migrantes, ni de las personas privadas de libertad.

La exclusión de las oportunidades educativas resulta particularmente alarmante en Latinoamérica, que no en vano es la región más desigual e equitativa del mundo.

Como bien lo han indicado los colegas brasileños,

«el panorama trazado por los indicadores económicos y sociales nos muestra una perversa contradicción. Por un lado, la opción por el crecimiento no logró incluir socialmente a las capas de población más pobres; y por otro, los escasos empleos en el mercado formal exigen cada vez más escolarización y especialización técnica».

Esta demanda no encuentra respuesta en las políticas educativas destinadas a este segmento. A pesar de que no existen datos que confirmen la demanda real de educación de jóvenes y adultos, y la enseñanza fundamental se considera hasta los 15 años, al tomar como base el número de jóvenes y adultos no alfabetizados demanda potencial , se verifica que sólo cerca del 2.89 % de ellos asistía a cursos de alfabetización en 2000 en el Brasil.1

Precisamente, la segunda amenaza es la tendencia curricular que considera a los adultos escolarizados o incorporados en los sistemas formales y no formales, únicamente como «recursos para el trabajo» y no como sujetos plenos del derecho a una formación y disfrute integral del conocimiento.

En el primer caso, se trata de un complejo entramado de discriminaciones y exclusiones por razones de género, edad, pobreza, proveniencia socio cultural, etnia y creencias.

El rol uniformador que impone la globalización en el ámbito educativo, generalmente se autopropone como un mecanismo selectivo que relega a las personas adultas a un papel reproductor cada vez más alejado de las oportunidades pedagógicas, al considerarlas como individuos desplazados que «perdieron» su oportunidad para educarse.

Ese tipo de exclusión se manifiesta en la práctica por la ausencia de centros educativos para adultos y de sistemas y modalidades alternativas, por la falta de políticas públicas orientadas a satisfacer sus necesidades y por la limitación de los recursos financieros (de todas maneras siempre escasos cuando se trata de educación) para garantizarles este derecho humano fundamental.

Si la globalización busca la maximización de las oportunidades comerciales y tecnológicas al menor costo posible, es de esperar que esa lógica se traslade a los ámbitos sociales y culturales, promoviendo la falsa idea de que la educación es un factor para el mercado y, como medio de socialización, busca prioritariamente formar individuos que respondan a ese fin, desde la más temprana edad.

La falta de oportunidades y la exclusión social de las personas adultas se produce entonces como una respuesta estructural de un sistema que las considera «inútiles» como sujetos educativos, en la medida en que ya cumplen con una «función» asignada en la dinámica del mundo globalizado.

En los últimos años, por ejemplo, el análisis del mercado laboral en Chile ha permitido constatar la fragilidad del ingreso, permanencia y acceso a trabajos estables y adecuadamente remunerados por parte de los jóvenes y adultos con escolaridad baja o incompleta.

Se estima que más de 5 millones de personas en ese país (alrededor del 30 % de la población total) están en condiciones de postular a alguna modalidad de nivelación de estudios para adultos y que tal oferta alcanzaba el año 2003 a una cobertura de sólo 165 mil estudiantes.2

Tal como se ha demostrado en estudios realizados en Nicaragua, las personas que cuentan con más de 12 años de escolaridad tienen más posibilidades de revertir la pobreza y, consecuentemente, para aquellas personas con poca trayectoria de escolarización, la pobreza deriva en un círculo vicioso que resulta muy difícil de romper y que trasciende incluso a las siguientes generaciones.

En el segundo caso, cuando se ha logrado el acceso de las personas adultas a los sistemas o modalidades educativas, éstos no logran sin embargo superar en todos los casos la tendencia utilitarista que imponen los modelos neoliberales, por lo que el currículo se perfila principalmente como un medio de instrucción para el trabajo, muchas veces para el subempleo.

No estamos en contra de vincular los procesos educativos con el mejoramiento de las condiciones económicas de las personas. Pero tampoco podemos aceptar que la educación tenga como fin primordial atender la demanda laboral, desligándola de la necesidad de desarrollar las capacidades integrales de las personas (que les permitirían, de todas formas, vincularse exitosamente a los procesos productivos).

El excesivo énfasis en los mecanismos de mercado y la escasa pertinencia curricular, son el riesgo y la falencia más notables de la educación de las jóvenes y adultas, pues es usual que estas personas participen precariamente en los procesos educativos,3 valga decir, sometiéndose a prácticas pedagógicas que no llegan a satisfacer sus necesidades, intereses y derechos. La inclusión precaria significa que, aún estando escolarizadas, las personas pierden el derecho a disfrutar de los beneficios de la educación.

Ello no sólo resulta en la denegatoria del derecho humano a la educación, sino que además lesiona su contenido específico, pues el conocimiento que no se construya en el desarrollo de una personalidad respetuosa de los derechos humanos, es un conocimiento de baja calidad.

La necesidad de desarrollar la responsabilidad intercultural, la solidaridad y el respeto, pone a la educación en la obligación de formar personas críticas de su realidad, y de permitir a todos y todas, sin excepción, potenciar sus talentos y capacidades, en la construcción de una sociedad participativa, consciente, crítica, solidaria y justa.4

Notes

1 Resumen Ejecutivo sobre el Estado del Arte de la Educación de Jóvenes y Adultos en países de América Latina. Información obtenida de La Carta, N°290 a la 315, CEAAL.
2 Ibídem.
3 La expresión «inclusión precaria» es de José de Souza Martins, citado por María Malta Campos, en: «Reflexionando sobre la calidad educativa». Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. México, 2004, p. 162.
4 En ese mismo sentido, la Mesa de Educación de Personas Adultas. ALFALIT-CEES. San Salvador, 2004. Además: «En el ámbito de la política, la educación es requisito en la construcción de la democracia que se sustente en el Estado Social de Derecho. Educación para la democracia, los derechos humanos, la paz, la tolerancia. En una palabra, educación política. De igual manera la democracia implica la producción y acceso real a la educación, al saber científico, artístico y político para todos. La construcción de una democracia se da educando a los ciudadanos. La educación es vehículo privilegiado de esa necesaria socialización». Sánchez Ángel, Ricardo. El sentido de la época: sobre globalización y educación en derechos humanos. en: De miradas y mensajes a la educación en derechos humanos. Fundación Ideas, Santiago de Chile, 2004, p.23

Educación de Adultos y Desarrollo
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