Marcela Ballara, también de la Oficina de Género y Educación del ICAE (GEO), se pregunta qué efectos tiene la crisis financiera internacional en el acceso a los alimentos, la salud y la educación, particularmente para las mujeres. La pobreza y la mortalidad infantil aumentan, el cambio climático recrudece. En los tiempos que corren, la educación de adultos asume funciones de enorme trascendencia.
A partir de 2006 se comenzó a gestar una crisis financiera internacional que ha dejado secuelas perdurables en la economía de los países. En 2007, la transferencia de esta crisis a Europa y Japón y otros países desarrollados resultó en una crisis económica mundial, una recesión de la economía mundial, reducción del comercio, y de los flujos financieros y finalmente un aumento del desempleo.
Las crisis financiera y económica impactaron en mayor medida en los países pobres de las regiones del mundo. Estos fueron afectados entre otros por un aumento de la inflación, el desempleo y la reducción de los ingresos de los segmentos más pobres de la población.
Estas crisis combinadas ocasionaron una crisis alimentaria global y trajo consigo la dificultad de acceso a los alimentos, la Salud y Educación en especial de las mujeres, los niños y los indígenas siendo éstos los más afectados, especialmente aquellos que viven en áreas rurales o áreas urbanas marginales.
Este es el telón de fondo de la CONFITEA VI y la FISC. Entonces nos cabe preguntar ¿cómo pueden los acuerdo de estos eventos incidir en esta doble crisis que ya pasa a ser sistémica?
A nivel mundial se estima que entre 2005 y 2008, entre 160 y 200 millones de personas cayeron en pobreza extrema por efecto de las crisis combinadas. Esto afectó especialmente en el acceso a los alimentos, aumentando la hambruna en el mundo. Datos de la FAO ( 2009) y el Banco Mundial ( 2008) indican que:
Las crisis económica y financiera aparecen como las principales amenazas a los ingresos de los hogares, por el desempleo creciente, la pérdida de fuentes laborales de calidad, la reducción de las remesas y precios de los alimentos aún elevados. El bajo crecimiento de la economía implica la pérdida de puestos de trabajo, el aumento del empleo informal sin cobertura de la seguridad social ni derechos laborales. Las mujeres y los indígenas serán los mayores perdedores.
El aumento del desempleo, sumado al aumento del costo de vida por la inflación, ha significado una doble carga para los hogares, provocando una reducción en los ingresos reales y con ello una crisis en el acceso a los alimentos, a la educación, a la salud, entre otros bienes básicos. Las personas con niveles de vida bajo la línea de la pobreza son aún más vulnerables frente a su escasez de bienes y activos y por las restricciones que enfrentan para adaptarse rápidamente a esta nueva situación.
Las políticas de empleo y de mercado de trabajo, en consecuencia, no pueden estar ausentes de las estrategias de superación de la pobreza incluyendo las llamadas políticas activas para generar empleo y a brindar apoyo en materia de formación y colocaciones, de modo que el empleo sea una alternativa de mejoramiento de los ingresos y de las condiciones de vida de amplios sectores sociales que se encuentran en condiciones de pobreza e indigencia.
Cabe subrayar que los ajustes estructurales de los años ochenta desmantelaron el sistema de agencias públicas dedicadas a apoyar a los sectores más pobres de la población. Se redujo el papel del Estado para que los actores privados tomaran a su cargo las funciones que fueron desmanteladas. Las posiciones neoliberales sostuvieron que así se reducirían costos, se mejoraría la calidad y eficacia de los servicios, entre ellos los de la educación. Esto en general no ocurrió, y resultó en encarecimiento de los servicios prestados que carecieron de control de calidad y disminuyeron de bienestar entre la población en general, pero especialmente en las mujeres, indígenas, niños y viejos. La educación y la salud fueron una de las áreas mas afectadas con las privatizaciones.
A esta situación se le suma el cambio climático, que está afectando a todos los países del mundo. Esto se da de manera diferenciada entre regiones, grupos etarios y género. El cambio climático exacerbará las desigualdades y las mujeres se verán afectadas de manera desproporcionada en sus bienes y activos. No obstante esto, los debates de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no requiere que se integre el tema del género en los Programas Nacionales de Acción. Esto ha resultado que en las discusiones, en algunos casos, se haga apenas algunas referencias a los crecientes niveles de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, pero no integran el tema de género, en torno a las estrategias de mitigacion y adaptación, cuestión que es indispensable trabajar ya que las mujeres son agentes directos en estas estrategias para enfrentar el cambio climático.
Varios estudiosos sostienen que estamos frente a una crisis sistémica y se precisa urgentemente comenzar a cambiar el paradigma. Se aboga por desarrollar un nuevo modelo de desarrollo que reconozca el verdadero peso de la agricultura, la educación y la salud en las economías. Se trata, entre otros de hacer reformas en el Estado con nuevas políticas, un nuevo y mejor enfoque para las alianzas con la sociedad civil, la ecología, inversión en infraestructura, educación y nuevas tecnologías, entre otros sectores. No será posible tener desarrollo si no se invierte en estos sectores.
En la actual situación de crisis entrecruzadas, la educación de personas adultasa lo largo de la vida es parte de la solución. Ésta entrega capacidades para que las personas puedan desarrollarse y conseguir mejores empleos, aspecto crucial para la superación de la pobreza y para abordar la crisis mundial alimentaria, energética, ambiental y económico-financiera.
La crisis financiera y económica es una sola crisis y pone en peligro todo aquello por lo se ha estado trabajando, entre otros los Objetivos del Milenio en materia educativa no se cumplan en 2015. La falta de una financiación dificulta la oferta de servicios educativos de calidad y las insuficiencias en materia de seguimiento impiden ver claramente la envergadura de los déficit de aprendizaje en la población adulta.
Lograr soluciones a largo plazo es fundamental. Hay que renovar el compromiso con la educación pública de calidad que incluya la educación a lo largo de la vida.
Los países estan enfrentando estas crisis con una serie de medidas económicas y para los más pobres han creado y fortalecido los programas de transferencias condicionadas de ingresos entregadas a un segmento de la población que normalmente no dispone de recursos suficientes, pero no hay mención alguna a apoyos específicos a la salud, la educación como tampoco a la de adultos.
Según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo publicado por la UNESCO (2009), se calcula que cada año se necesitan 11.000 millones de dólares para alcanzar los objetivos principales en materia de educación en los países más pobres del mundo.
Es por esto que será necesario el reforzamiento de la legislación e institucionalidad que garantice la práctica de la educación como un derecho humano más allá de la implementación esporádica de programas educativos que no son de calidad, guiados muchas veces por la emergencia.
¿Cuál será la real magnitud del efecto de estas crisis entrecruzadas en estos hogares y en especial en aquellos encabezados por mujeres? ¿Y cuáles serían las condiciones que tendrían que existir para que estos se beneficien de una educación de adultos a lo largo de la vida?
Como una forma de contribuir a los objetivos de la FISC podríamos reflexionar en cuales desafíos tenemos al frente: